Amnistía Internacional plantea a Pedro Sánchez las violaciones de los Derechos Humanos en Marruecos.


Pide al presidente del Gobierno que aproveche su viaje a Rabat para que se tenga en cuenta el respeto a los DDHH.

Muestra su preocupación por las limitaciones a la libertad de expresión y la vigilancia de periodistas y activistas críticos con el Gobierno o con el rey de Marruecos.

Reseña las políticas sobre control migratorio que siguen vulnerando los derechos de menores no acompañados, así como las vulneraciones de los derechos de las mujeres y personas LGBTI.

Desde que se rompió el alto el fuego en el Sáhara Occidental se han incrementado las detenciones y malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes.

Contramutis.-

Madrid (ECS). - Amnistía Internacional (AI) se ha dirigido al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, ante su viaje a Marruecos, por invitación del rey Mohamed VI tras el respaldo del Gobierno de España al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental, y le ha planteado su preocupación por las violaciones de los Derechos Humanos en la excolonia española.

También se ha referido a las limitaciones a la libertad de expresión, la vigilancia de periodistas y activistas críticos con el Gobierno o con el rey de Marruecos, las políticas sobre control migratorio que siguen vulnerando los derechos de menores no acompañados, así como las vulneraciones de los derechos de las mujeres y personas LGBTI.

AI espera que el presidente del Gobierno aproveche este viaje para que el respeto de los Derechos Humanos sea tenido en cuenta de una forma relevante y eficaz, y deje de ser un tema residual en el marco de las relaciones bilaterales entre los dos países.

Amnistía Internacional indica que desde que se rompió el alto el fuego en la zona (noviembre de 2020) se ha incrementado la presión contra las personas que defienden los Derechos Humanos, contra quienes apuestan pacíficamente por la celebración de un referéndum para la autodeterminación del Sáhara Occidental, o contra quienes critican la gestión de los recursos naturales de dicho territorio por parte de Marruecos. Una presión que ha provocado que se incrementen arrestos, detenciones y malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad.

Desde noviembre de 2020, AI ha documentado violaciones de Derechos Humanos por las fuerzas de seguridad marroquíes contra varias decenas de personas defensoras de los DDHH saharauis (periodistas, activistas, incluso menores), incluidos siete casos de tortura u otros malos tratos, tres allanamientos domiciliarios, dos arrestos domiciliarios de facto y nueve casos de arrestos, detenciones y hostigamiento de personas en relación con el ejercicio pacífico de su libertad de expresión y reunión.

Algunos de sus supuestos delitos fueron haber publicado en Facebook y en medios de comunicación artículos críticos contra las autoridades marroquíes o el rey de Marruecos, ondear la bandera saharaui en sus hogares o participar en protestas pacíficas. Es el caso, entre otros, de Essabi Yahdih, periodista saharaui y director de la empresa online Algargarat Media, detenido en su lugar de trabajo en mayo de 2021. Le acusaron de filmar cuarteles militares en la ciudad de Dajla, en el Sáhara Occidental, y el 29 de julio fue condenado a un año de prisión y al pago de una multa.

El territorio del Sáhara Occidental y los campamentos del Frente Polisario, en el Tinduf (Argelia) siguen siendo, según AI, inaccesibles para las organizaciones de DDHH, lo que dificulta la vigilancia de los abusos. Y aunque en el pasado mes de octubre la ONU renovó el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO), éste sigue sin contar con un componente de Derechos humanos.

“Es imprescindible que en la visita de Pedro Sánchez a Marruecos se impulse el respeto por el ejercicio de la libertad de expresión, reunión y asociación pacífica en el Sáhara Occidental, y que para ello se revoquen leyes que penalizan actividades relacionadas con estos derechos, que no se utilice el uso excesivo de la fuerza para controlar manifestaciones, que se permita el registro de organizaciones independientes que puedan investigar las violaciones de derechos humanos en la zona, y que se deje de intimidar a defensores y defensoras de Derechos Humanos, además de procesarlos por cargos de aparente motivación política”, ha declarado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

VIGILANCIA DIGITAL PARA REPRIMIR A LA DISIDENCIA

En julio de 2021, junto con la coalición Forbidden Stories, Amnistía Internacional reveló que las autoridades marroquíes seguían usando ampliamente la aplicación espía Pegasus de NSO Group, de la que habían sido y estaban siendo blanco periodistas, activistas y figuras políticas de origen francés y marroquí, como es el caso de Hicham Mansuri, periodista marroquí exiliado en Francia, lo que violaba su derecho a la privacidad y a la libertad de expresión.

Amnistía Internacional desde 2019 lleva poniendo el foco en casos como el de Omar Radi, periodista marroquí independiente que ha criticado el historial de Derechos Humanos del Gobierno marroquí, y que fue sometido a este tipo de vigilancia ilegal, lo que llevó a su detención el 29 de julio de 2020. En julio de 2021 fue condenado a seis años de prisión por cargos de espionaje y por una acusación de violación a una mujer en un juicio que incumplió las normas internacionales sobre juicios justos. Entre otras cosas, se le negó el derecho a ver e impugnar cada prueba utilizada en su contra. Su causa se debía haber vuelto a ver por un tribunal el pasado 3 de marzo de 2022, algo que aún no ha pasado.

CONTROL MIGRATORIO

Amnistía Internacional insta también al Ejecutivo español a revisar la cooperación con Marruecos para garantizar que sus políticas de control migratorio respetan los Derechos Humanos de las personas migrantes. Y que se ponga fin a las devoluciones en caliente, consideradas ilegales por el derecho internacional, especialmente las que conciernen a menores no acompañados.

Durante todo el año 2021, las autoridades marroquíes detuvieron y recluyeron arbitrariamente a personas migrantes y solicitantes de asilo, deportaron a algunas a su país de origen y expulsaron a otras a zonas del sur de Marruecos y del Sáhara Occidental. Según la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, en zonas cercanas a los pasos fronterizos o en rutas migratorias a Europa como Nador, Ujda y El Aaiún, las autoridades marroquíes allanaron las viviendas y los campamentos de ciudadanos y ciudadanas subsaharianos; en algunos casos, quemaron sus pertenencias o los desalojaron por la fuerza de sus refugios improvisados.

Prosigue AI que entre abril y mayo de 2021, al menos 3 migrantes no identificados y 9 hombres marroquíes murieron en intentos de llegar a los enclaves españoles de Ceuta y Melilla desde territorio marroquí. En mayo, de las más de 8.000 personas que pasaron irregularmente de Marruecos a Ceuta, la mayoría eran marroquíes, y entre ellas había al menos 2.000 menores no acompañados. Los guardias marroquíes dejaron pasar a todas estas personas por sus puestos de control, pero 2.700 fueron devueltas de forma ilegal y colectiva a Marruecos por parte de las autoridades españolas. En agosto, Amnistía Internacional registró la devolución de 55 menores no acompañados por parte de las autoridades españolas, hecho que los tribunales españoles declararon ilegal paralizándose las expulsiones. Poco después, el presidente del Gobierno reiteró la intención de su Gobierno de continuar expulsando a menores no acompañados a Marruecos.

Por último, Amnistía Internacional ha pedido también a Pedro Sánchez que en el marco de esta reunión interceda para que, entre otros temas, se aborden reformas legislativas que despenalicen de manera urgente el aborto en el país y eliminen leyes que siguen discriminando a las mujeres como en el caso de los matrimonios infantiles. Y se reforme también el artículo 489 del Código Penal para que las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo dejen de ser consideradas un delito.

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