La posición de España respecto al Sáhara Occidental pone de manifiesto un desfase entre sus palabras y hechos.


Ali Mohamed.

Ceder al chantaje marroquí es una clara muestra de la débil diplomacia de Madrid en la escena internacional.

ECS. Madrid. | Mientras anunció que junto a EE.UU “coordinarán esfuerzos para solucionar el conflicto saharaui” y apoya las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que prevén el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, apoyando también sus esfuerzos en descolonizar el Sáhara Occidental, interpone obstáculos objetivos para siquiera unos cimientos de un proceso de paz; pues recurrió la sentencia que anuló los acuerdos de asociación UE-Marruecos por incluir el Sáhara Occidental y ahora anuncia su apoyo a la autonomía marroquí para un territorio no autónomo ocupado por Marruecos desde 1975.

Mientras pide el respeto al derecho internacional en Ucrania y condena enérgicamente a Rusia, Madrid pisotea a los que algún día fueron nacionales con escaños en el Congreso y arrolla con los principios del derecho internacional al apoyar la solución que propone la fuerza ocupante para el territorio que ocupa. Es decir, España apoya, encubre y asiste a un autor de un crimen internacional como es el Reino de Marruecos, al impedir la libre expresión de un pueblo sometido a dominación colonial e inscrito en la Agenda de Descolonización de la ONU desde 1963.

Una decisión enmarcada en su mala interpretación de la política de vecindad con Marruecos, que sin embargo no aplica con su vecino argelino. Guiado por el chantaje migratorio alauí y la guerra híbrida de Rabat por Ceuta y Melilla, Moncloa sucumbió y reflejó visiblemente su pobre capacidad diplomática en la escena internacional, ya reflejada en su gestión actual de la crisis de Ucrania. Una decisión que lejos de solucionar problemas, los multiplica; tensa el Norte de África, se enemista con Argelia y enardece aún más a los saharauis en guerra. Una guerra en continúa fase incremental que por sus implicaciones genera imperativos de seguridad a los países que comparten la cuenca del Mediterráneo y el Atlántico.

El estado español confunde intereses con deberes como potencia administradora de un territorio, y pretende eludir su responsabilidad olvidando las carta que enviaron a la ONU en 1975 exigiendo disuadir a Marruecos para que detenga su invasión del Sáhara Occidental y matizando que el Sáhara Occidental no quedará completamente descolonizado hasta que no se pronuncien sus habitantes.

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