Consejo Europeo de Relaciones Exteriores: El Tribunal de Justicia de la UE tumbará el acuerdo UE-Marruecos que incluye al Sáhara Occidental.

Europa tiene un interés legítimo en mantener estrechas relaciones con Marruecos. Pero esto no debería ir en detrimento de su compromiso con el derecho internacional y los derechos fundamentales de los saharauis.




Bruselas, 21 Diciembre de 2020. - (ECSAHARAUI)

Por Hugh Lovatt- ECFR | ECS



Foto ilustrativa /ECS 


La proclamación del presidente Donald Trump que reconoce la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental ha vuelto a poner el conflicto, a menudo ignorado, en el centro de atención internacional. La decisión va en contra del derecho internacional, pero fue recibida por Marruecos con un entusiasmo predecible, que durante mucho tiempo ha reclamado el territorio como suyo. Igualmente predecible ha sido el leve retroceso de las capitales europeas. Sin embargo, si bien en general han reafirmado su compromiso con las posiciones internacionales de larga data sobre la resolución del conflicto a través de un proceso de paz bajo los auspicios de las Naciones Unidas, una vez más han evitado aclarar sus propias posiciones sobre el territorio, su estatus legal y los reclamos de Marruecos al respecto.



Esta ambigüedad proviene de impulsos contradictorios. Por un lado, los gobiernos europeos y la Unión Europea están obligados por su deber con el derecho internacional de no reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental y defender el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Por otro, la estrecha alineación con Rabat les ha visto favorecer la inclusión del territorio en sus relaciones comerciales bilaterales. El resultado es una relación fundamentalmente comprometida con el Sáhara Occidental que está socavando los intereses comerciales de Europa, subvirtiendo sus posiciones políticas y legales y dañando las perspectivas a largo plazo para resolver el conflicto.

La política europea sobre el Sáhara Occidental ha estado motivada tanto por las demandas políticas de Marruecos como por el deseo de la UE de mantener una buena relación con el país en materia de comercio, cooperación antiterrorista y migración. En el pasado, Marruecos no ha tenido reparos en aprovechar esos intereses para asegurar el apoyo político a sus reivindicaciones territoriales. La situación se ha vuelto más compleja debido a las diferentes opiniones legales no solo entre los estados miembros, sino también entre las instituciones de la UE, y la Comisión Europea, el Consejo Europeo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) adoptan posiciones diferentes sobre la aplicabilidad del derecho internacional humanitario (que regula las ocupaciones militares) en ese territorio.



Desde diciembre de 1966, la ONU ha reconocido el derecho inalienable a la autodeterminación de los pueblos del entonces Sahara español. En octubre de 1975, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) rechazó la noción de cualquier “vínculo de soberanía territorial” entre el Sáhara Occidental y Marruecos. El mismo día del fallo de la CIJ, Marruecos anunció su intención de "ocupar pacíficamente" el territorio. Desde entonces, el país lo ha incorporado formalmente a la legislación nacional marroquí como parte de sus regiones administrativas. Sin embargo, en 1979, la Asamblea General de la ONU declaró que el Sáhara Occidental es un territorio no descolonizado ocupado por Marruecos, que impone claras responsabilidades y límites a las acciones marroquíes como potencia ocupante según el derecho internacional humanitario. Igual de importante, reconoció al Frente Polisario como el representante legítimo del pueblo del Sáhara Occidental (los saharauis).



Sin embargo, aunque la UE no reconoce la soberanía marroquí sobre el área, no ha adoptado la caracterización de la ONU de territorio ocupado. En cambio, la UE ha etiquetado al Sáhara Occidental como un “territorio no autónomo 'de facto' administrado por el Reino de Marruecos”, evocando un concepto legal que no existe en el derecho internacional. Y si bien la UE, junto con muchos de sus miembros, ha reafirmado repetidamente el derecho a la autodeterminación de los saharauis, se ha abstenido de comprometerse con el Frente Polisario en su calidad de representante legal del pueblo del Sáhara Occidental. Los gobiernos europeos también se han negado a reconocer a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), que el Frente Polisario proclamó como estado en 1976.

En el contexto de un proceso de paz desatendido, las posiciones europeas sobre el Sáhara Occidental han repercutido en las relaciones comerciales de la UE. Al tratar a Marruecos como la potencia administrativa de facto en el Sáhara Occidental (libre de las limitaciones legales que de otro modo se le habrían impuesto como potencia ocupante), la UE incorrectamente - según el TJUE - permitió a Marruecos incluir el territorio en su acuerdos. Esto ha permitido a las empresas marroquíes y europeas beneficiarse de los abundantes recursos naturales del Sáhara Occidental, incluidas las ricas costas de peces, los fosfatos y la energía renovable, en detrimento de los saharauis.



El Frente Polisario ha cuestionado repetidamente estas prácticas ante el TJUE, argumentando que la UE se equivocó al reconocer el régimen administrativo de Marruecos en el Sáhara Occidental y no buscar el consentimiento de los saharauis para la inclusión de su territorio en los acuerdos agrícolas y pesqueros UE-Marruecos. Como resultado, los tribunales de la UE han rechazado sistemáticamente los argumentos presentados por la Comisión Europea y el Consejo Europeo (que son conjuntamente responsables de las relaciones comerciales de la UE) para justificar la inclusión del Sáhara Occidental en tales acuerdos.



  • Las sentencias del TJUE están endureciendo gradualmente la política de diferenciación de la UE entre Marruecos y el Sáhara Occidental.

En diciembre de 2016, el TJUE dictaminó que el Sáhara Occidental quedaba fuera del ámbito del Acuerdo de Asociación de Marruecos, que constituye la base de su relación comercial con la UE. Un fallo anterior había amonestado a la Comisión por no haber obtenido el consentimiento del pueblo saharaui. En busca de una nueva base jurídica, la Comisión afirma ahora haber obtenido el consentimiento de la población local para incluir al Sáhara Occidental en un acuerdo comercial modificado con Marruecos. No lo ha hecho buscando la aprobación del Frente Polisario como el representante internacionalmente reconocido de los saharauis -como debería- sino obteniendo la aprobación de los organismos locales vinculados a Marruecos. En el proceso, la Comisión puede haber engañado el Parlamento Europeo, que firmó los términos del acuerdo comercial modificado en enero de 2019. Es probable que el TJUE rechace el esfuerzo de la Comisión por eludir la sentencia de 2016, eliminando una vez más cualquier base para el comercio de la UE con el Sáhara Occidental.

Estas sentencias legales están endureciendo gradualmente la política de diferenciación de la UE entre Marruecos y el Sáhara Occidental. El resultado anticipado será la exclusión del territorio de los acuerdos bilaterales con Marruecos, reflejando el desarrollo de las prácticas comerciales europeas en relación con situaciones comparables como el territorio palestino ocupado por Israel y los Altos del Golán sirio y la Crimea ocupada por Rusia. En este caso, los pescadores de la UE no podrán operar en las aguas del Sáhara Occidental utilizando permisos marroquíes, mientras que los productos agrícolas marroquíes originarios del territorio quedarán excluidos de los aranceles preferenciales de la UE. Para acceder legalmente a los recursos del Sáhara Occidental, la UE, por lo tanto, parecería tener pocas opciones más que negociar acuerdos independientes con el Frente Polisario o la RASD, algo por lo que no ha mostrado ningún entusiasmo.

Europa tiene un interés legítimo en mantener estrechas relaciones con Marruecos. Pero esto no debería hacerse a expensas de su compromiso con el derecho internacional y los derechos de los saharauis, sobre todo porque esto podría socavar la política europea en situaciones similares de ocupación y anexión extranjeras. Tampoco es suficiente que Europa se oponga levemente a la decisión de la administración Trump.

La UE y sus estados miembros deberían ver la adhesión al derecho internacional, incluido el reconocimiento de Marruecos como potencia ocupante sujeta al derecho internacional humanitario, como una fuente de fortaleza. Esto podría proporcionar a los europeos tanto el ímpetu como la influencia para ayudar a reactivar las conversaciones de paz entre Marruecos y el Frente Polisario, al tiempo que garantiza que las prácticas comerciales europeas no socaven aún más las perspectivas de autodeterminación saharaui. Un enfoque basado en el derecho internacional también podría proporcionar un punto de entrada útil para el compromiso europeo con la administración entrante de Biden, para reajustar la posición de Estados Unidos sobre el Sáhara Occidental y relanzar un proceso de paz viable de la ONU.



Nota del editor: El Consejo Europeo de Relaciones Exteriores no adopta posiciones colectivas. Las publicaciones ECFR solo representan las opiniones de sus autores individuales.

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