Marruecos continúa violando los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental

"La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 10 de diciembre como Día de los Derechos Humanos en 1950, para señalar a la atención de «los pueblos del mundo» la Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común de todos los pueblos y todas las naciones".







Madrid, 11 Septiembre de 2020. - (ECSAHARAUI)

Por Lehbib Abdelhay/ECS



Soldados marroquíes desplegados en los barrios de El Aaiún ocupado


La ocupación marroquí del Sáhara Occidental ha dividido al pueblo saharaui y su territorio en dos a través de un muro rodeado de soldados, alambradas y millones de minas antipersona que perpetúan la etapa en la que Marruecos bombardeaba a la población saharaui con Napalm y Fósforo blanco con el objetivo de hacer una limpieza étnica del pueblo saharaui, como lo sigue haciendo hoy en día a través del encarcelamiento, secuestros y asesinatos de jóvenes y activistas solo por el hecho de reivindicar el derecho a la libertad.







Marruecos, es un país que no cumple los más elementales y básicos estándares de democracia. Es un País que ha expulsado en los últimos 20 años a más de 8 millones de sus súbditos a una emigración forzada, su nivel del analfabetismo supera el 30%, el nivel de desarrollo humano lo ubica en el puesto 133 del ranking mundial y en definitiva los marroquíes por no tener, no son ni siquiera ciudadanos, son súbditos del Rey, cada año tienen que rendir ALBAIAA (pleitesía), una especie de esclavitud.







Por otro lado, en cuanto a las violaciones que se cometen en los campamentos de Refugiados Saharauis, no hay constatada ni denunciada ninguna violación de carácter grave en los últimos 30 años en los Campamentos.

El Consejo de Seguridad, órgano que decide la prórroga de la misión de Naciones Unidas en el territorio y en el que se sienta España (como observador permanente en este asunto) y sin la intención de introducir cambio alguno, parece haber asumido que no lleva a ningún lado el debate recurrente sobre la ampliación del mandato de la MINURSO para que vigile los Derechos Humanos.

Hace tres años el discurso se trasladó a la relación entre Marruecos y las Naciones Unidas. El ex Secretario General de la ONU, Ban Ki Moon, pidió establecer un mecanismo independiente e imparcial de supervisión del respeto a los derechos humanos en el Sáhara Occidental en su último informe anual.

Con respecto a la situación de los Derechos Humanos, gracias al informe emitido por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para la misión de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental y los campamentos de refugiados saharauis, el último informe declaraba que se está siguiendo de cerca su evolución con el fin de tratarlo en el campo de los derechos humanos y solucionar los desafíos en el terreno, así como explorar nuevas vías de cooperación para garantizar la protección efectiva de los derechos humanos en el Sáhara Occidental ocupado.







Amnistía y HRW tienen un historial fuera de dudas, más que reconocido y su contribución ha permitido cambiar y mejorar el respeto de los derechos de las personas en casi todos los rincones del mundo.







La misión de Naciones Unidas, MINURSO, se estableció en 1991 para vigilar el alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario y elaborar un censo de la población que tendría derecho a votar en un futuro referéndum de autodeterminación.

En la actualidad la misión de la ONU se dedica fundamentalmente a tareas de desminado en la zona. También ha colaborado en el intercambio de visitas familiares entre los habitantes del Sáhara Occidental ocupado y los refugiados de los campamentos saharauis.

El día a día de los saharauis que viven bajo la ocupación sufren la constante represión marroquí por fuerzas policiales que arma y entrena España a través de los distintos programas de colaboración entre ambos ministerios. Secuestros, palizas, violaciones y humillaciones es el pan de cada día de cualquier saharaui que salga a la calle a reivindicar su propia tierra y sus derechos.






En su último informe antes de disolverse por completo, el Grupo de Defensores de los Derechos Humanos Saharauis, CODESA, reveló la terrible escalada en la frecuencia de las violaciones de los derechos humanos y crímenes de guerra contra los civiles saharauis en las partes ocupadas de la República Saharaui, cometidos sistemáticamente y en gran escala por los diversos aparatos de seguridad y militares del régimen de ocupación marroquí.

El informe anual de la organización saharaui registró los diversos aparatos represivos marroquíes involucradas en violaciones y crímenes, de manera sistemática, contra civiles saharauis, ya sea en la calle pública o dentro de vehículos policiales y dependencias de la policía, así como dentro de los juzgados, sin mencionar el atropello deliberado de civiles por automóviles pertenecientes a las fuerzas del régimen de ocupación marroquí.

El informe también señaló la continuación de la política de impunidad para los involucrados en crímenes de guerra y las diversas violaciones graves de los derechos humanos contra los civiles saharauis. Lo que está demostrado, según el informe, el régimen de ocupación continua continúa rechazando a respetar y aplicar lo que se estableció en el párrafo (a) de El artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente en lo que se refiere a garantizar un trato justo, protección contra el abuso y el debido respeto a la cultura de los pueblos cuyo destino aún no se ha decidido.

En la sección sobre maltrato y tortura en los lugares de detención, el informe reveló que muchas personas, después de su secuestro, fueron sometidas a prácticas degradantes e infrahumanas en las comisarías de policía secretas marroquí, y el sometimiento de presos civiles a malos tratos y castigos en celdas individuales, como es el caso de los detenidos en los casos de Gdeim Izik, el grupo de los estudiantes universitarios y otros civiles que fueron sometidos a detención arbitraria.

En cuanto a la libertad de opinión y expresión, la CODESA hizo hincapié en la continuación del régimen de ocupación marroquí para evitar que los civiles saharauis ejerzan su derecho a la expresión y manifestaciones pacíficas en las ciudades ocupadas del Sáhara Occidental, endureciendo el asedio militar, policial y mediático inundando la región con varios aparatos policiales y enviando equipos opresivos especiales con el objetivo de suprimir a los saharauis, para intimidarlos y confiscar su derecho a la expresión y manifestación pacíficas como se estipula en los pactos internacionales de derechos humanos, además de expulsar y evitar que observadores y medios extranjeros entren a las ciudades ocupadas como una forma de encubrir la desastrosa situación de los derechos humanos y la escala de los crímenes cometidos, así como el saqueo grave de los recursos naturales del Sáhara Occidental en coordinación con instituciones extranjeras y algunos estados conocidos de conspirar contra la causa del pueblo saharaui.

Ante la grave situación en las ciudades ocupadas, el grupo de defensores de los derechos humanos, CODESA, pidió la creación de un mecanismo internacional para monitorear e informar sobre la situación de los derechos humanos o ampliar los poderes de la Misión de las Naciones Unidas para la Organización del Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) para incluir el monitoreo de los derechos humanos con el fin de proteger a los civiles saharauis y luego trabajar para implementar los requisitos del artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas para los Pueblos de los Territorios cuyo destino aún no se ha decidido, y la urgente necesidad de que la comunidad internacional asuma toda la responsabilidad sobre el Sáhara Occidental.

CODESA también pidió al Alto Comisionado para los Derechos Humanos que envíe relatores especiales al Sáhara Occidental e implemente todas las recomendaciones relacionadas con el estatuto de la región, así como que el Comité Internacional de la Cruz Roja visite a los presos políticos saharauis y abra canales de comunicación con ellos.

La organización también reiteró en sus recomendaciones un recordatorio del levantamiento del bloqueo militar, policial, mediático de las ciudades ocupadas del Sáhara Occidental, permitiendo que delegaciones, observadores extranjeros y organizaciones internacionales de derechos humanos y humanitarias ingresen a la región y se reúnan con organizaciones y víctimas de violaciones de derechos humanos.

También pidió a la ONU intensificar los esfuerzos necesarios para eliminar las minas por la seguridad de los civiles saharauis y sus propiedades.

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