Desamparo de Exteriores

Madrid, 23 Agosto de 2019. - (ECSaharaui)



Por  Cristina Martínez Benítez de Lugo- Contramutis

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Marruecos no me dio explicaciones en ninguna de las dos ocasiones en las que me expulsó:

La primera –el 6 de agosto- en El Aaiún, capital de los territorios ocupados del Sáhara Occidental.

La segunda –el 18 de agosto-, cuando me dirigía al mismo lugar; pero la expulsión se produjo en la escala obligada de Casablanca, en la zona de tránsito.

Iba, por segunda vez, a un juicio penal en El Aaiún contra 9 manifestantes encarcelados, porque el juicio había sido aplazado –sin motivo, por cierto-.







Tras la primera expulsión, pedí protección a la Subdirección General de Protección y Asistencia Consular del Ministerio de Exteriores avisando que viajaría de nuevo al mismo lugar el día 18. El Ministerio me contestó que lamentaban el “incidente” –un incidente, como si hubiese perdido la cartera- y que el consulado de Orán se pondría en contacto conmigo. Orán está en Argelia. Me expulsó Marruecos.

Una se queda perpleja ante esta trivialización de mi petición. Ni una llamada, ni un consejo, nada.

Cuando les digo que estoy en Casablanca, retenida por la policía, que me estaba esperando y no me deja continuar viaje a El Aaiún, la primera respuesta es un lacónico “¡claro!”. Especuló el funcionario que sería “un tema de prensa”, “considerarán que no debe proseguir el viaje”. Así que todo está justificado según ellos. Me dicen que Marruecos tiene todo el derecho a decidir que una persona no es bienvenida y que ellos no tienen nada que mediar. (Yo no iba a Marruecos, iba a un territorio No Autónomo pendiente de descolonización sobre el que Marruecos no tiene soberanía). Y concretan que estoy hablando con un servicio de emergencias para accidentes y cosas así. Vamos, que Marruecos me expulsa y España me ignora. Me sugieren que llame a Rabat, “que le van a decir lo mismo”. Así que mi caso no tiene relevancia para ellos. Desamparo total.

“¿Pero Vd. sabe lo que está pasando allí?” me preguntan, aunque no me lo aclaran. Pues se lo voy a explicar yo: lo que está pasando allí es que Marruecos no quiere testigos. Y lo que está pasando aquí es que el Consulado y el Ministerio amparan eso que está pasando allí. No parece que les entusiasme que haya observatorios de derechos humanos que quieran con su esfuerzo colaborar a que impere un poco más de cordura y no se produzcan las barbaridades y las arbitrariedades hacia un pueblo ocupado, el saharaui. Por eso vamos a juicios, para contar cómo son, para denunciar, sin ir más lejos, el caso de Hussein Bachir, el estudiante entregado por España a Marruecos después de manifestar al juez su intención de pedir asilo y que sigue en la cárcel de Marrakech tras cinco aplazamientos de la vista sin un motivo válido; de la misma manera que el juicio al que yo pretendía ir se pospuso sin más el día 7. Y queremos comprobar y denunciar cómo muchos juicios políticos acaban en condenas por tráfico de drogas.







Yo iba comisionada por la Asociación Internacional para la Observación de los Derechos Humanos. Dada la responsabilidad del Estado de proteger y hacer efectivos los derechos humanos, alguien del consulado podía haberse presentado allí para pedir las explicaciones que a mí no me dieron y para darme apoyo.

Volví ese mismo domingo, día 18. El lunes 19, a las 16,14 h., recibí una rectificación del Ministerio diciendo que el consulado competente no era el de Orán sino el de Rabat. Sigo esperando que se pongan en contacto conmigo.

Pero quizá el Ministerio ha pedido ya explicaciones a la Embajada de Marruecos y yo no me he enterado. ¡Sería la primera vez en tantas expulsiones de parlamentarios, periodistas, activistas, abogados, incluso de un magistrado!

Hay algo peor: España es la potencia administradora de iure del Sáhara Occidental, mal que le pese, aunque el Sr. Borrell no lo quiera reconocer, aunque sea potencia administradora de un territorio que entregó a otro país. Y no debería tolerar que Marruecos expulse a ciudadanos españoles del Sáhara Occidental.

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